López subraya que se trabaja para minimizar el “desaguisado” del proyecto de la Zona de Bajas Emisiones
El presidente del Servicio de Movilidad y Transportes (SMYT) del Ayuntamiento de Burgos, José Antonio López, ha subrayado este jueves que el equipo de Gobierno trabaja para minimizar el “desaguisado” generado en el proyecto de implantación de la Zona de Bajas Emisiones durante el pasado mandato.
López ha confirmado que el Gobierno central ha concedido a Burgos una prórroga de un año (hasta el 31 de diciembre de 2024) para tener implantada esta obligación legal, una concesión que ha atribuido al “buen trabajo” del Ejecutivo municipal y, ante todo, de los técnicos implicados en el proyecto.
“No se ha hecho ningún regalo a la ciudad. El Gobierno se ha limitado a aplicar la legalidad”, ha matizado el edil ‘popular’.
El presidente del SMYT no ha ocultado su malestar por el hecho de que el portavoz de la oposición, el socialista Daniel de la Rosa, se haya apresurado a dar a conocer esta noticia, a la vez que ha lamentado que ningún miembro del PSOE se haya interesado por la situación en la que se encuentra un proyecto que “debería haber dejado implantado” y que tendrá un coste importante para las arcas municipales a consecuencia del “caos” administrativo generado por el anterior equipo de Gobierno.
En este sentido, ha aclarado que el Ayuntamiento podría enfrentarse al pago de 1,2 millones de euros, una cantidad a la que habría que sumar el lucro cesante de la empresa, por lo que no ha querido restar importancia al asunto que en estos momentos está sobre la mesa.
Todo ello tras recordar que los fondos asociados a este proyecto se elevan hasta los siete millones de euros, ya que incluyen varios proyectos complementarios a la Zona de Bajas Emisiones.
Para tratar de solucionar esta situación, ha avanzado la constitución de una mesa negociadora con la empresa, de la que formarán parte miembros del equipo de Gobierno y técnicos municipales, cuyo objetivo será lograr “la opción menos lesiva para el Ayuntamiento”.
