La Junta acuerda con el Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León la implantación de oficinas de información antiocupación en todas las provincias
El consejero ha destacado que la firma de este convenio responde a la vinculación de todos los poderes públicos con la protección y garantía de los derechos reconocidos en la Constitución, entre ellos el derecho a la propiedad privada, reconocido en el artículo 33, y respecto del cual “el fenómeno de la ocupación representa un ataque frontal a los derechos y principios constitucionales, ante el que los poderes públicos no pueden permanecer pasivos”.
En este contexto, la Junta y el Consejo General de las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León –como entidad que agrupa a asociaciones de interés social sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar han acordado colaborar para ofrecer apoyo a las personas afectadas por un hecho de ocupación ilegal de vivienda, asesorándoles y atendiéndoles en sus necesidades y demandas.
Esta ayuda se canalizará mediante la implantación de una oficina de información en las sedes de cada una de las Cámaras de la Comunidad.
Compromisos de las partes
Las Cámaras de la Propiedad Urbana de la Comunidad se comprometen a prestar, desde sus dependencias y con su personal, un servicio de información y asesoramiento en materia de ocupación ilegal de viviendas.
Se facilitará toda la información y asesoramiento que se solicite en relación con la prevención, la actuación inmediata, en su caso, y las actuaciones posteriores en caso de ocupaciones ilegales en curso.
Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se compromete a confeccionar, facilitar y compartir con las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León la normativa, documentación informativa, datos estadísticos y demás información de interés necesaria para la prestación del servicio de información.
Este contenido y el proporcionado por las oficinas de información se incorporará a la página de ‘Vivienda y Urbanismo’ del Portal web de la Junta de Castilla y León.
Además, el convenio contempla la obligación de la Consejería de facilitar sus instalaciones para la celebración de actos informativos, jornadas y congresos organizados por el Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana, en colaboración con la propia administración.
Asimismo, colaborará en la formación especializada de las personas que, desde las Cámaras de la Propiedad Urbana, atenderán los requerimientos de ayuda.
Ambas entidades se comprometen a la recogida de datos de este fenómeno ilegal a fin de configurar documentación estadística que sirva para conocer la realidad de los hechos en la Comunidad y de orientación para las actuaciones de ambas instituciones en la materia.
Servicio de atención telefónica
El convenio recoge también la puesta a disposición del teléfono 012, de Atención al Ciudadano de la Junta de Castilla y León, como canal de acceso a los ciudadanos afectados por la problemática de la ocupación de vivienda, que se encargará de derivar la llamada a los teléfonos de las distintas sedes de las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León.
Para ello el personal de las Cámaras de la Propiedad Urbana, que atenderá de forma efectiva la consulta, recibirá la formación especializada que permita dar la máxima información posible y gestionar la llamada con la mayor eficacia.
Comunicación de hechos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
El convenio de colaboración establece también que el personal que presta asesoramiento podrá poner en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la existencia de un delito de usurpación del artículo 245 del Código Penal o cualquier otro de persecución pública que detecte, cuando se determine una situación de indefensión o dificultades para acceder a las autoridades por parte de la persona demandante del servicio.
A ello irá encaminada también la formación del personal que atenderá la oficina.
El convenio tendrá una duración de cuatro años, pudiéndose prorrogar por otros cuatro, y prevé una Comisión de Seguimiento paritaria para hacer efectivo su desarrollo, efectividad y eficacia.
