Daniel de la Rosa llega tarde y dando palos de ciego con acciones ilegales que no mejoran la calidad del aire
Varias de las medidas adoptadas por la Junta de Gobierno Local con la aprobación del plan de acción a corto plazo en caso de episodios de contaminación del aire en Burgos exceden de sus competencias y son contrarias a la libertad de circulación de las personas, establecida en el artículo 19 de la Constitución Española.
Tal y como ha evidenciado este miércoles el viceportavoz del Grupo Municipal Popular, Jorge Berzosa, las actuaciones para reducir las emisiones incluidas en el citado plan buscan dar cobertura a la falta de análisis de las Zonas de Bajas Emisiones con acciones ilegales e inconstitucionales por decretazo.
Un plan de calidad del aire que se ha gestado a espaldas de los burgaleses, sin un horizonte temporal de aplicación porque no hay ordenanza que lo regule y que ha sido deliberadamente ocultado a los grupos de la oposición “es un reflejo más de la política de matar moscas a cañonazos de Daniel de la Rosa y su equipo de Gobierno”, ha lamentado Berzosa.
Obligar a las empresas de más de 250 trabajadores a implementar un plan de movilidad que contemple medios de transporte colectivo cuando se alcancen los umbrales de contaminación establecidos en el plan es una de las medidas más graves, además de otras muchas que afectan a ordenanzas y contratos en vigor con este Ayuntamiento.
Por ejemplo, implementar la gratuidad en el transporte público cuando se alcancen los niveles de contaminación sin modificar la ordenanza reguladora de la prestación de este servicio municipal.
Destacable es también la limitación del estacionamiento de vehículos de no residentes que no tengan la categoría ECO o 0 emisiones en la Zona de Bajas Emisiones sin haber contemplado el impacto económico de la medida y sin haberse implementado la ordenanza reguladora de estas Zonas, lo que denota que este plan “es una huida más hacia delante de este equipo de Gobierno que no es más que fachada de cara a la aplicación de la Agenda 2030” ha aseverado Berzosa.
Este plan de calidad del aire no ha sido informado jurídicamente y no tiene ninguna validez en cuanto que modifica contratos y ordenanzas que son competencia del Pleno, lo que demuestra la imposibilidad de su aplicación.
“Un plan inconstitucional que limita la movilidad de las personas sin competencias para ello y que se ha hecho a la carrera y sin pensar solo refleja el único objetivo del bipartito; restringir y sancionar”, ha concluido el viceportavoz popular.
