Carolina Blasco solicita una comisión extraordinaria de Medio Ambiente para acabar con el “oscurantismo” en la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones

El Grupo Municipal Popular solicitará una sesión extraordinaria de la Comisión de Medio Ambiente para abordar la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones, según ha avanzado este jueves su portavoz, Carolina Blasco.

Blasco ha reiterado que los populares llevan meses preocupados por cómo el bipartito del PSOE y Cs está abordando un proyecto de 3,5 millones de euros, en el que “impera el oscurantismo y la opacidad desde el principio”.

En este sentido, ha recordado que en junio se solicitó un Pleno extraordinario para abordar esta cuestión y que, pese a comprometerse una ordenanza municipal, nada se sabe ni siquiera de un posible borrador.

“Daniel de la Rosa ha empezado una vez más la casa por el tejado mientras otras ciudades, como Valladolid, han gestionado la obligatoriedad de implantar estas áreas de una forma que parece mucho más lógica”, ha señalado Blasco, antes de explicar que el Ayuntamiento vallisoletano elaboró primero un plan de calidad del aire con criterios técnicos y la participación de todos los grupos, para iniciar a continuación la redacción de una ordenanza y finalizar con un contrato de 1,4 millones de euros para la implantación de una zona que, como máximo, tendrá tres kilómetros cuadrados.

Frente a ello, ha recordado, De la Rosa procedió en primer lugar a la adjudicación de un contrato de 3,5 millones de euros, imposibilitando así cualquier recurso gratuito, sin ningún tipo de consenso, ni especificación sobre el área que ocupará la zona y sin análisis de criterios técnicos sobre los problemas de calidad del aire en nuestra ciudad.

Añadiendo que es “desconcertante gastarnos una millonada de euros en los sistemas más top del momento cuando no está identificado el problema, hasta el punto que el propio regidor ha dicho que está convencido que nunca se van a tener que utilizar ni poner restricciones”.

Para Carolina Blasco, esta forma de proceder evidencia que la preocupación medioambiental del regidor burgalés “no es más que una proclama socialista para captar votante preocupados por esta cuestión, detrás de la que sin embargo no hay absolutamente nada más que el gasto por el gasto, con el agravante de que a los burgaleses nos va a costar un millón de euros lo que a Valladolid le van a financiar los fondos europeos por ser más sensatos en los planteamientos de las zonas con restricciones”.

“Los burgaleses necesitamos saber por qué gastamos en obras y equipos que ni el alcalde sabe para qué sirven empezando la casa por la ventana. Comenzando a gastar sin control en un contrato que los populares han calificado de irregular y de pelotazo tecnológico”, ha dicho.

Carolina Blasco ha lamentado, además, que el PSOE se escude de nuevo en otras administraciones, en este caso en la publicación de un real decreto, mientras otros ayuntamientos ya han demostrado cómo se pueden hacer bien las cosas, si existe voluntad.

CONTRATO DE LIMPIEZA
Por otro lado, ha avanzado que el PP solicitará otra convocatoria extraordinaria, si se considera que no tiene encaje en la misma de las Zonas de Bajas Emisiones, para aclarar qué está sucediendo con el nuevo contrato de recogida de basuras y limpieza viaria.

“Está claro que la ciudad está mucho más sucia que antes y que la empresa adjudicataria lleva siete meses cobrando por unos servicios que no presta”, ha sostenido la portavoz popular, antes de recordar que el nuevo contrato cuesta a los burgaleses 1,5 millones de euros más anuales y hoy sólo hay quejas y la sensación de tener peor servicio que nunca.

Blasco ha insistido en que no se ha puesto en marcha ninguna de las nuevas iniciativas que recoge el contrato y que las deficiencias se multiplican cada semana, como demuestra el hecho de que no recojan puerta a puerta los residuos en los polígonos industriales, ni en los comercios, no se sepa nada de los saleros que deben estar ubicados antes del 15 de noviembre o que no se haya dotado a la ciudad de los contenedores para la recogida de residuos orgánicos.

Ante este último caso, ha recordado que el contrato estipula que, ante la imposibilidad de suministrar los contenedores estipulados, se proporcionarán otros y, puesto que en estos momentos no se suministran los chips para la incorporación de los dispositivos electrónicos a los mismos, ha exigido que se ubiquen en la ciudad contenedores ordinarios para los residuos orgánicos.

“Queremos que se explique exactamente cómo está siendo el cumplimiento del contrato y que se aclaren todas las dudas existentes en torno a un plan de implantación que ha sido retrasado sin argumentos y que solo beneficia a la empresa y perjudica a los burgaleses”, ha sentenciado Blasco.