La Junta y los agentes sociales CEOE-CyL, CCOO y UGT acuerdan la mejora del operativo de lucha contra los incendios forestales
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CEOE Castilla y León han suscrito esta mañana de 27 de septiembre un acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Diálogo Social en materia forestal, para la mejora del Operativo de lucha contra incendios forestales de Castilla y León, en el marco del proceso del Diálogo Social.
El acuerdo compromete un fuerte incremento presupuestario de la Junta de Castilla y León que se distribuye en los años 2023, 2024 y 2025 y que supondrá un incremento consolidado de 65 millones de euros anuales, lo que en la práctica significa duplicar el presupuesto de la lucha contra incendios forestales en Castilla y León.
Además, se actualizará todo el marco normativo, de planificación y organización, incluyendo la culminación de la reforma del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL), así como la actualización y reforma del Decreto por el que se establece el Operativo y se regula el sistema de guardias.
Algunos puntos de este Acuerdo, para ponerse en marcha, requieren ser tratados en sus correspondientes mesas específicas de negociación, como es el caso del convenio colectivo del personal laboral de la Administración de Castilla y León o el de las Relaciones de Puestos de Trabajo, en cuya negociación intervienen otras organizaciones sindicales en el ámbito de las competencias de función pública de la Consejería de la Presidencia, y frente a los que este Acuerdo ha sido plenamente respetuoso.
La Comisión de Seguimiento del Diálogo Social en materia forestal, ha trabajado estos meses en potenciar el modelo integrado del Operativo, reforzando especialmente las tareas de prevención activa y los tratamientos selvícolas fuera de la época de peligro alto de incendios, e incrementando la capacidad de respuesta frente a incendios de gran potencia destructiva en los episodios de extremos climáticos, que, como se ha vivido en este año, cada vez son más frecuentes como consecuencia del cambio climático y de la mayor acumulación de combustibles en los montes.
Ello permitirá incrementar la estabilidad de todos los integrantes del Operativo, conformado por más de 4.500 profesionales: técnicos, agentes medio ambientales y celadores de medio ambiente, centros de mando, cuadrillas, autobombas, medios aéreos, maquinaria pesada, torretas de vigilancia y otros.
Las mejoras, que afectan tanto al personal funcionario, como al personal laboral fijo de la Junta, hasta ahora discontinuo, como a las empresas públicas y privadas que colaboran en el Operativo, llevarán a reforzar los centros de mando, con personal especializado, de manera que estén activos todos los días del año y con capacidad de dar una respuesta adecuada las 24 horas del día.
El personal que atiende las autobombas incrementará sus tiempos de prestación de servicio de manera progresiva, incorporándose ya en el 2023 un primer turno a 12 meses, y un segundo durante el mismo periodo en 2025. Se modernizará el sistema de detección y vigilancia y el personal que lo atiende incrementará su tiempo de contratación a 6 meses en 2023 y a 12 meses en 2025, asumiendo nuevas tareas de apoyo al operativo.
Las cuadrillas terrestres, las helitransportadas y los retenes de maquinaria pesada, reforzarán sus dotaciones fuera del periodo estival y verán ampliado su tiempo de prestación de servicios hasta mínimo de 9 meses, lo que permitirá incrementar las superficies de tratamientos selvícolas preventivos de incendios.
La formación del personal ha recibido una atención específica, pues se considera imprescindible para la mayor especialización y profesionalización de los trabajadores y para maximizar la seguridad de quienes velan por la conservación de nuestro extraordinario patrimonio natural y por evitar daños a otras personas, a infraestructuras y núcleos de población.
La Junta se ha comprometido, también, a apoyar una normativa básica estatal del régimen de bombero forestal, siempre y cuando respete el marco competencial vigente y sea compatible con el modelo integrado y de base forestal de Castilla y León.
Finalmente, se han acordado otras mejoras de infraestructuras y equipos, de logística y avituallamiento que tienen en cuenta la diversidad de condiciones de nuestro territorio y la baja densidad de población.
También se ha señalado que los criterios de financiación autonómica por parte del Estado deberían tener en cuenta cuestiones como la extensión territorial en la prestación de servicios a ese territorio, como es la prevención y la extinción de incendios forestales.
Tras una campaña particularmente dura de incendios forestales, en la que ha habido que lamentar la pérdida de tres vidas humanas en la comunidad, los integrantes del Dialogo Social han demostrado una gran capacidad de diálogo y búsqueda del interés general. Con este acuerdo, el Operativo y toda la sociedad de Castilla y León incrementan la resiliencia de nuestro territorio y mejoran su preparación y capacidades ante futuras emergencias de protección civil.
