Rosario Pérez Pardo mintió sobre los conciertos de pago de las fiestas pese a conocer su ilegalidad
La presidenta de la Gerencia Municipal de Cultura, Rosario Pérez Pardo, mintió sobre el contrato de los conciertos de pago de las Fiestas de San Pedro y San Pablo de este año pese a conocer su ilegalidad.
Así lo ha sostenido este martes la portavoz del Grupo Municipal Popular, Carolina Blasco, quien ha dado a conocer la respuesta al recurso de reposición presentado por los populares antes las múltiples irregularidades apreciadas en dicha contratación.
Blasco ha recordado que el PP ya advirtió en el Consejo de la Gerencia Municipal de Cultura celebrado el 8 de junio de varias irregularidades en los pliegos y, pese a que los técnicos le dieron la razón, el equipo de Gobierno local decidió continuar adelante con la tramitación.
No conforme con esto, Pérez Pardo siguió adelante con la firma del contrato cuando ya conocía de la ilegalidad del proceso, puesto que el 27 de junio tenía sobre la mesa el informe que así lo acreditaba, en respuesta al recurso de reposición.
Este informe no deja lugar a dudas y, pese a que el Grupo Municipal Popular no se puede mostrar satisfecho con el texto al cien por cien, por cuanto considera que no atiende algunas circunstancias de especial relevancia, deja claro que la gestión realizada por la presidenta de la Gerencia Municipal de Cultura no se ajusta a la legalidad vigente.
El documento aclara, tal y como advirtió el PP, que se trata de un contrato de servicios con independencia o no de su carácter privado, ya que se estaba contratando a un programador de conciertos, y eleva el valor estimado del mismo, como mínimo, hasta los 580.000 euros, corrigiendo así la cifra de 220.000 euros dada por el bipartito.
El texto también da la razón a los populares en el hecho de que se debería haber podido interponer recurso especial de contratación ante el TARCyL, demostrando así el empeño del Gobierno municipal por evitar esta opción, con el único propósito de poder firmar el contrato antes de las fiestas, algo que habría sido imposible de haberse respetado el cauce legal establecido.
Todo ello conlleva la anulabilidad del expediente y la retroacción de las actuaciones al 8 de junio, cuando se aprobaron unos pliegos ilegales a sabiendas.
Los populares seguirán defendiendo ante el TARCyL la nulidad radical de todo lo actuado porque es evidente que la venta de entradas para los conciertos, iniciada en abril, tras anunciarse a bombo y platillo en marzo, se produjo sin que existiese un solo papel sobre la tramitación del expediente, en “una muestra más de cómo gestiona, contrata y administra el bipartito los recursos municipales: negocia al margen del procedimiento y da cobertura a sus ilegalidades con su mayoría absoluta”.
Carolina Blasco ha insistido en que “nos encontramos ante una burla a las reglas de cualquier democracia, que son el respeto a las normas de quien gestiona dinero y recursos públicos” y ha remarcado que, una vez más, “el tiempo da la razón al Partido Popular”, aunque en este caso retrotraerse hasta el principio de la tramitación no vaya a tener consecuencia alguna porque ni siquiera se sabe si se ha pagado ya al promotor de estos conciertos, algo que no debiera de hacerse ante esta situación.
Blasco se ha dirigido a Rosario Pérez Pardo para pedirle que “deje de acusar a la oposición para cubrir su desastre. El Grupo Municipal Popular tiene la obligación de ejercer el control que el bipartito hace del dinero público y seguirá en su empeño en que se garantice la legalidad” por lo que le exige que, “cuanto antes”, abandone sus responsabilidades al frente de la Gerencia Municipal de Cultura.
“La gestión con ilegalidades permanentes debe finalizar y la mentira evidente es intolerable en representantes públicos y no puede continuar”, ha concluido.
