Perspectiva de familia en la acción de gobierno, impulso económico de la región y batalla cultural serán los objetivos fundamentales de la gestión del vicepresidente de la Junta

Juan García-Gallardo ha comparecido este lunes en la sede de las Cortes de Castilla y León para exponer los postulados programáticos principales en los que su vicepresidencia basará su actuación de gobierno. Estas líneas se enmarcan en el pacto que el Partido Popular y VOX alcanzaron para conformar un gobierno estable y sólido en Castilla y León.

El vicepresidente ha manifestado su intención de trabajar por todos los ciudadanos de la región y ha destacado su absoluto respeto hacia la Constitución, a la vez que ha reiterado su deseo de revisar la organización territorial del Estado mediante los procedimientos democráticos previstos en la Carta Magna.

García-Gallardo ha subrayado su intención de lograr que Castilla y León se convierta en una región aún más atractiva, enfatizado la defensa del mundo rural, la reindustrialización y defensa de los trabajadores junto con el fomento de la repoblación y el futuro de los jóvenes como aspectos esenciales que se abordarán en los próximos cuatro años.

Al exponer las líneas centrales de su programa de gobierno, el vicepresidente se ha referido a una de las primeras acciones de gobierno ya impulsadas: la bajada de impuestos. Ha destacado el acuerdo con el Partido Popular en el primer Consejo de Gobierno para reducir el IRPF de las rentas más bajas en un 5,3%, lo que supondrá una devolución a los contribuyentes con menor poder adquisitivo de 80 millones de euros a lo largo de la legislatura.

Ayuda y protección a la familia

La familia es el principal núcleo de socialización del ser humano, sobre el cual se sostiene la sociedad. Por ello goza de protección social, económica y jurídica en la Constitución. En coherencia con ello, la perspectiva de familia estará presente en todas las iniciativas legislativas y gubernamentales de la Junta de Castilla y León.

En definitiva: la familia será eje transversal de toda política pública tanto en fiscalidad, prestaciones sociales, criterios para la contratación pública, entre otros. Se garantizará un modelo educativo basado en el mérito, esfuerzo y capacidad, dirigido a la excelencia y generador de oportunidades y libre de imposiciones ideológicas, preservando el derecho de los padres a que sus hijos reciban formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones. Además, el vicepresidente ha señalado la gratuidad de la enseñanza de cero a tres años en toda la región, y la libre elección de centro.

El fomento de la natalidad en el mundo rural será otro de los aspectos que se impulsarán durante la legislatura, elevando hasta el 40% la deducción autonómica por nacimiento o adopción en el IRPF. Se crearán nuevas ayudas a la natalidad en función del número de hijos, hasta 2.500 euros por cada uno, aplicando garantías correspondientes para asegurar su efectividad.

El fomento de la conciliación, pilar fundamental para el cuidado y desarrollo de las familias, también será punto estratégico de acción de gobierno: se habilitará para ello un crédito de casi 3 millones de euros, ampliable hasta los 10 millones, a través del Bono Concilia que proporcionará 750 euros por cada menor de la unidad familiar de entre 0 a 3 años.

Los jóvenes, parte indispensable de la familia, también lo serán de las políticas públicas. En este sentido, se ha acordado promover la contratación de jóvenes menores de 30 años, asociado a iniciativas en I+D, sanidad, energía o digitalización de servicios. Los mayores también son una prioridad para el ejecutivo, y para ellos García-Gallardo ha comprometido políticas específicas como programas de envejecimiento saludable u otros de tipo intergeneracional que propicien la convivencia entre ellos y niños, mayores y adultos. También un refuerzo de la geriatría en la salud pública o el uso de las tecnologías para su mejor atención.

Prosperidad y desarrollo económico

El estímulo de la actividad económica como palanca para generar empleo se considera la mejor política social para alcanzar la prosperidad de la región. Bajo esta idea se sustentará la acción de gobierno, siendo la industria, el comercio, el empleo; la agricultura, la ganadería, el desarrollo rural; la cultura, el turismo y el deporte, campos de actuación prioritaria.

Para acompañar estas acciones se creará la Comisión de Simplificación Administrativa cuya actividad consistirá en gestionar los procedimientos ambientales de la mejor manera para que no supongan un impedimento a la actividad económica, así como estimular las declaraciones responsables, como ya se ha empezado a hacer. Es prioridad eliminar los trámites innecesarios, las duplicidades y los papeleos sin sentido.

La industria gozará de Programas Territoriales de Fomento y Proyectos Industriales Prioritarios junto con rebajas fiscales, digitalización, comunicaciones y acceso a financiación. También en materia de industria será central la automoción. En cuanto al sector energético, se apuesta por la diversificación y aprovechamiento de todas las fuentes de generación, incluida la nuclear y se agilizará el bono térmico para los más de 83.000 beneficiarios, de manera de lleguen en tiempo y forma a los ciudadanos beneficiarios del mismo.

Además, en este sentido, se han aumentado en 4 millones de euros las ayudas de emergencia a las familias para afrontar el gasto en energía. En cuanto al gasto energético que repercute en el transporte, se destinarán 9 millones de euros más para financiar el transporte regular de viajeros de titularidad regional y se congelarán durante 3 meses todas las tarifas del transporte público de viajeros de titularidad regional además de reducir el precio de los abonos transporte un 15% y compensar las tasas regionales a los trasportistas.

El planteamiento energético de la vicepresidencia también contempla las energías renovables, teniendo en cuenta las necesidades energéticas y su capacidad real de generación de energía.

El sector agrario, la agricultura, ganadería y agroalimentación se sitúan en el centro de la actividad económica de Castilla y León y se actuará en consecuencia, para que así siga siendo. En cuanto a la industria agroalimentaria se impulsará la promoción del producto de proximidad, introduciéndolo como criterio social en la contratación pública de la Junta. Se ha empezado a hacer en los Comedores Escolares, fomentando así la demanda interna.

También se reducirán las tasas en transporte y servicios veterinarios e introducirán medidas de refuerzo de la capacidad productiva por valor de 2 millones de euros. En cuanto a la agricultura se extenderán, consolidarán y modernizarán regadíos, para lo cual ya se ha adoptado un acuerdo entre el ITACyL y la Comunidad de Regantes Canales del Arlanzón.

En cuanto a ganadería, se favorecerá la rentabilidad de explotaciones agropecuarias para aumentar su capacidad de producción. En suma, se adoptarán acuerdos para flexibilizar las ayudas de la PAC aumentando la extensión de la superficie de siembra y de pastos, y se promoverá una mayor liquidez en las explotaciones, incrementando los anticipos de la PAC hasta el 70% y aprobando en los próximos meses ayudas directas de 10 millones de euros (especialmente para la ganadería).

En línea con las necesidades del sector ganadero, también se trabajará en un inventario del nuevo censo nacional respecto al lobo y se agilizarán las indemnizaciones e incorporarán medidas preventivas en las explotaciones ganaderas. En cuanto a la sanidad animal se refiere, se elaborará un nuevo protocolo de control de tuberculosis y actualización de las disposiciones normativas actualmente vigentes.

Batalla cultural

Para el gobierno de Castilla y León, la cultura supone otra prioridad y la lengua uno de sus máximos exponentes y vehículo de la historia. En este sentido, se derogará el decreto de memoria histórica y sustituirá por una norma en materia de Concordia que impida su instrumentalización.

Se propondrán actividades culturales que fomenten el uso de la lengua española, como el Congreso mundial de literatura en las cuatro universidades públicas de Castilla y León.

En cuanto a patrimonio, uno de los objetivos de legislatura será lograr que León se convierta en ciudad patrimonio de la humanidad, como ya lo son Segovia, Ávila y Salamanca. En esta línea, se fomentarán alternativas competitivas al turismo de sol y playa, fomentando el atractivo del patrimonio, gastronomía y naturaleza, entre otras competencias exclusivas.

FUNCIONES EXCLUSIVAS

Además de las líneas programáticas de gobierno, el vicepresidente ha destacado la importancia de las funciones a desarrollar por la vicepresidencia según el Decreto 2/2022, de 19 de abril: de representación, de eficacia y agilidad de la administración a través de la Comisión Delegada de Gobierno y de ejercicio de facultades en materia de asociaciones, fundaciones y colegios profesionales.

A través de la Comisión delegada de Gobierno se impulsará la acción de gobierno especialmente en el ámbito económico y de planificación estratégica, y en las funciones de ejercicio de atribuciones en materias de asociaciones, fundaciones y colegios profesionales, la actuación estará marcada por la austeridad y control del gasto público, con el objetivo de aprovechar los recursos públicos existentes de la manera más eficiente.

En cuanto a coordinación, la vicepresidencia ejercerá estas funciones respecto a instituciones autonómicas (como son el Procurador del Común y el Consejo Consultivo o la institución nacional del Defensor del Pueblo); también el seguimiento y coordinación de las medidas de racionalización de los procedimientos, simplificándolos y reduciendo las cargas y trabas administrativas y, por último, la coordinación de la atención a las Víctimas del Terrorismo.

En definitiva, unas funciones especificadas en el Decreto 2/2022 que se guiarán por los principios de control de eficiencia de las instituciones y organismo y la eliminación de duplicidades que emplean recursos públicos que, de este modo, podrán ser utilizados para satisfacer otras necesidades.

­