La Consejería de la Presidencia determina las cantidades que corresponden a las entidades locales en 2022 por valor de 48,3 millones del Fondo de Cooperación Económica Local General
Esta mañana se ha publicado en el BOCYL la Orden del consejero de la Presidencia que determina las cuantías que corresponden en estos conceptos para 2022 a los 2.248 municipios de Castilla y León y las 9 Diputaciones Provinciales, según los criterios de reparto consensuados y que se desarrollan en la Orden PRE/88/2015, de 13 de febrero, de la Consejería de la Presidencia. Esta Orden PRE/2022 de 10 de febrero, fija en 24.724.066,64 euros la cuantía del Fondo de Cooperación Económica Local General destinado a inversiones sostenibles en los 225 municipios de más de 1.000 habitantes y las nueve Diputaciones Provinciales.
El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, ha indicado que “esta convocatoria viene a refrendar el compromiso total del Gobierno de Mañueco con el mundo local, primero escuchando a las diputaciones y a las entidades locales, y después adecuando las mejores soluciones a sus demandas. En esta ocasión prestamos especial atención al desafío demográfico para continuar revitalizando el territorio”.
El plazo para presentar las solicitudes de inversiones a la Consejería de la Presidencia, a través de la dirección de Administración Local, se determina entre el 15 de febrero y el 4 de marzo de 2022, y deberá realizarse a través de la sede electrónica en tramitacastillayleon.jcyl.es. Una vez autorizadas las inversiones por la Junta de Castilla y León, las entidades locales tienen hasta el 15 de julio para presentar la adjudicación de la inversión, momento en el que la Junta procederá al pago anticipado del total de las inversiones.
La citada Orden determina también las cuantías del Fondo de cooperación económica local general, que corresponde a cada uno de los 2.023 municipios con población inferior o igual a 1.000 habitantes en el ejercicio 2022, por un importe total de 12.740.710,58 euros. Estas cantidades tienen carácter incondicionado y serán abonadas directamente en un único pago por la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León a los ayuntamientos.
Por último, la orden establece en 10.829.655 euros las cuantías para las nueve diputaciones provinciales y los 16 municipios con población superior a 20.000 habitantes, que deberán destinar a programas de fomento del empleo o medidas inversoras para hacer frente a los desafíos demográficos.
En este caso, la Consejería de la Presidencia, a través de la dirección de Administración Local, va a proceder al pago anticipado del 50 por 100 de las cantidades correspondientes, procediendo a liquidar en 2023 el otro 50 por 100 una vez se acredite el cumplimiento en tiempo y forma de las condiciones de la convocatoria.
La inclusión como novedad de la posibilidad de elegir medidas inversoras para hacer frente a los desafíos demográficos, responde a las demandas de las entidades locales, y tiene origen en la reciente convalidación de la reforma laboral y sus efectos sobre los programas de fomento del empleo para hacer frente a los desafíos demográficos, conocidos como PREPLAN.
Y es que el PREPLAN no puede considerarse legalmente como un programa de activación para el empleo, de manera que los contratos amparados por esta subvención y en virtud de la última reforma laboral solo podrán adoptar la figura para nuevos contratos en la modalidad de fijos-discontinuos o fijos, con las dificultades que eso conlleva en términos prácticos para las entidades locales beneficiarias.
