Mañueco exige al Gobierno de España cesar los ataques a Castilla y León después de que el TSJCYL haya rechazado las medidas cautelares y permita abrir la estación de esquí de Navacerrada
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha congratulado hoy de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de rechazar las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno de España para evitar la apertura de la estación de esquí de Navacerrada.
El TSJCYL recoge que la actividad de la estación de esquí desde la última concesión se viene realizando durante los últimos 25 años y el perjuicio estaría más en el impedimento del uso y la posible retirada de las instalaciones, lo que podría crear una situación definitiva de difícil reversibilidad.
El auto también señala que la Junta de Castilla y León no fue parte del otorgamiento de la concesión y no aprecia, por tanto, a priori, una infracción grosera del derecho que no participe ahora en su posible extinción.
La Sala del Tribunal Superior de Justicia considera que la posición de la Junta de Castilla y León es “razonable”.
Fernández Mañueco ha asegurado que ha imperado la razón y ha pedido al presidente Sánchez que cese sus ataques contra los intereses de Castilla y León. “Allí donde hay una posibilidad de desarrollo económico, social, en el mundo rural, hay un ataque inexplicable por parte del Gobierno Sánchez. No lo entendemos”, según ha denunciado el presidente autonómico.
Ha recordado que dijo que desde la Junta protegerían a las personas de Castilla y León, especialmente aquellas que viven en el mundo rural, y hoy los tribunales de justicia les ha dado la razón.
Finalmente, Fernández Mañueco ha destacado que esta decisión judicial permitirá mantener la actividad de la estación de esquí de Navacerrada hasta que se resuelva el fondo del asunto, cuestión que puede tardar todavía varios meses, ha concluido.
Hasta que haya una resolución jurídica sobre el fondo, el auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tiene que ser cumplida por todas las administraciones públicas.
