La Junta reitera a la ministra de Hacienda agilidad en el pago de los 182 millones de euros del IVA tras la sentencia del Tribunal Supremo
El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fdez. Carriedo, ha remitido el pasado 7 de julio una nueva carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que reitera “avanzar en una solución dialogada en la ejecución de la sentencia de 19 de abril del Tribunal Supremo, sobre el pago de las cantidades debidas a nuestra Comunidad Autónoma por las repercusiones en la liquidación del sistema de financiación correspondientes al IVA de 2017”, tal y como ya hiciera el pasado 28 de abril.
En este sentido, el consejero de Economía y Hacienda ha insistido en que el artículo 104.2 de la Ley de 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa fija en dos meses el plazo para dar cumplimiento a la sentencia, por lo que desde la Junta se insiste en que se aceleren los trámites para el ingreso de los 182 millones de euros que se derivan de la mencionada sentencia.
Asimismo, Carlos Fdez. Carriedo ha manifestado a la ministra su confianza en que coincida en la “necesidad de garantizar la ejecución de la sentencia de la forma más ágil y rápida posible a fin de evitar problemas posteriores que pudieran derivarse de su ejecución forzosa”.
Petición urgente de reunión de trabajo
Por otra parte, Carlos Fdez. Carriedo ha aprovechado la carta remitida a la ministra de Hacienda para solicitar una reunión de trabajo entre ambas Administraciones o, como ha hecho en numerosas ocasiones en los últimos meses, requerir la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
De esta manera, el consejero de Economía y Hacienda ha reiterado la necesidad de mantener este encuentro tanto para encontrar una solución dialogada a la devolución del IVA de 2017, como para atender otras cuestiones pendientes, en particular, referidas a la reforma del Sistema de Financiación Autonómica.
Intentos de encontrar una solución
El Tribunal Supremo ha reconocido en la sentencia que la Junta de Castilla y León ha intentado llegar, en todo momento, a una solución consensuada previa a la judicial y ha realizado en los últimos dos años numerosos intentos en el marco de la lealtad institucional para la reclamación del pago de las cantidades que se adeudan a la Comunidad por las repercusiones en la liquidación del Sistema de Financiación correspondientes al IVA.
De esta manera, la Comunidad advirtió el 19 de julio del 2018 en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y el 31 de julio al Ministerio de Hacienda, del efecto negativo que la implantación del Suministro de Información Inmediata del IVA tendría sobre la liquidación de este impuesto en las comunidades autónomas, así como la necesidad de adoptar las medidas oportunas para paliar dicho efecto en la recaudación.
Por su parte, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el 26 de agosto de 2019 remitió una carta al presidente del Gobierno mostrando su preocupación por no haberse hecho efectivos en la liquidación definitiva de 2017 los recursos compensatorios tras el cambio de normativa, indicando que esta situación estaba causando dificultades en la sostenibilidad de los servicios públicos de la Comunidad y en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Asimismo, el 29 de agosto de 2019, el consejero de Economía y Hacienda se dirigió a la ministra de Hacienda manifestando su preocupación por no haber recibido la actualización de las entregas a cuenta de 2019 y por no haberse hecho efectivos los recursos compensatorios por la implantación del Suministro de Información Inmediata del IVA, solicitando además la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Además, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el 7 de febrero de 2020 se reiteró de nuevo la petición, a lo que se suma las cartas remitidas por el consejero de Economía y Hacienda a la titular de Hacienda.
Por todo ello, la Junta, a través de la Dirección de los Servicios Jurídicos, interpuso un recurso contencioso-administrativo el 25 de septiembre de 2020, después de que el Consejo de Ministros desestimara de forma presunta, por falta de respuesta, la reclamación del pago de las cantidades debidas a la Junta de Castilla y León por las repercusiones en la liquidación del Sistema de Financiación del ejercicio 2017 correspondientes al IVA, que sumaban 182 millones de euros. A esta cantidad hay que sumar ahora los intereses de demora.
