El Consejo de Cuentas aprueba en Burgos el informe anual sobre las cuentas del sector público local de la Comunidad del ejercicio 2018
El Pleno del Consejo de Cuentas se ha reunido hoy en la sede de la Diputación de Burgos para aprobar el “Informe anual sobre las cuentas del sector público local de Castilla y León” correspondiente a 2018. El Consejo lleva la aprobación de este informe cada año a una provincia, con el doble objetivo de divulgar en la comunidad la actividad de la Institución y de continuar impulsando el cumplimiento de la obligación legal de la rendición de cuentas por parte de las entidades locales.
El objetivo del trabajo, correspondiente al grupo de fiscalizaciones a realizar por mandato legal, es verificar el cumplimiento por parte de las entidades locales de la obligación de rendir la cuenta general y comprobar que se ajusta a la normativa respecto a forma y contenido, así como su coherencia interna.
Asimismo, presenta las principales magnitudes presupuestarias y económico-financieras del sector público local. Además, verifica el cumplimiento de la obligación de remisión de información sobre la contratación administrativa y sobre convenios suscritos y analiza los datos resultantes.
Rendición de cuentas. El sector público local de Castilla y León está integrado por 4.750 entidades locales y 187 entes dependientes. A 31 de diciembre de 2019 (fecha de cierre a efectos del informe) rindió la cuenta general de 2018 el 77,1% de los ayuntamientos, lo que representa una leve disminución de 2,5 puntos porcentuales respecto al 79,6% registrado el ejercicio anterior.
RENDICIÓN DE CUENTAS AYUNTAMIENTOS 2017-2018
La comparación de los niveles de rendición de los ayuntamientos por comunidades autónomas, pone de manifiesto que Castilla y León presenta valores ligeramente superiores a la media nacional (75%), pero cada vez más alejados de los mejores resultados (cinco comunidades se sitúan entre el 86% y el 97%). En el origen de estas diferencias se encuentra la adopción, por parte de estas últimas, de medidas que vinculan la concesión o el pago de subvenciones al cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas.
En referencia a los incumplimientos, tomando como referencia el periodo 2013-2018, hay 267 ayuntamientos, el 12% del total, que tienen pendiente de rendición las cuentas de varios ejercicios y, entre ellos, 28 que no han rendido ninguno. De estos últimos, 3 ayuntamientos tienen entre 500 y 1.000 habitantes y los 25 restantes son menores de 500 habitantes.
En cuanto a la evolución de la rendición de cuentas de las entidades locales menores, está relacionada con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (estableció en 2013 como causa de disolución de dichas entidades la falta de rendición de sus cuentas), que permitió pasar de índices mínimos (2,4% en 2009) a un 94,4% en la cuenta de 2013, con datos a cierre de los ejercicios. Sin embargo, posteriormente se produce un retroceso significativo, situándose dicho índice en el 65,1% para la cuenta de 2018, con una caída de 11 puntos respecto al año anterior.
Teniendo en cuenta los resultados del informe, el Consejo de Cuentas considera que mantienen su vigencia las recomendaciones dirigidas a la mejora de la rendición de cuentas recogidas en las dos declaraciones suscritas por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo autonómicos (OCEX) con fecha 21 de junio de 2017: “Declaración sobre las medidas para estimular la rendición de cuentas de las Entidades Locales” y “Declaración sobre las modificaciones legales para promover la reducción de los plazos de rendición de las cuentas del Sector Público”.
Principales magnitudes presupuestarias y económico-financieras. En relación al total de las cuentas rendidas de 2018, en conjunto, el presupuesto agregado de ingresos de las entidades locales de la comunidad ascendió a 3.411 millones y el de gastos a 3.391 millones, con un superávit global de 20 millones.
En cuanto a la liquidación presupuestaria, en conjunto, las entidades locales de la comunidad reconocieron obligaciones (gastos) por importe total de 2.650 millones de euros, lo que en relación a los derechos reconocidos (ingresos), por importe de 2.819 millones, arroja un resultado agregado de 169 millones de euros. El 70% de las entidades locales liquidó con resultado positivo, porcentaje que se eleva al 78% en el caso concreto de los ayuntamientos.
Los municipios gestionan en torno al 74% del total de los recursos y gastos correspondientes a todas las entidades locales. Por su parte, las diputaciones reconocieron derechos y obligaciones por importes equivalentes al 22% del total.
En cuanto al remanente de tesorería para gastos generales (según su signo refleja, bien la capacidad de financiar mayores gastos en el ejercicio siguiente, bien la necesidad de recabar nuevos fondos para adecuar su equilibrio presupuestario y financiero), en el 99% de las entidades locales resultó positivo, alcanzando el importe agregado total 1.105 millones de euros. Además, en el periodo analizado (2015-2018) presenta una trayectoria ascendente en todos los ejercicios, con un crecimiento global del 40%. Asimismo, los fondos líquidos de tesorería (disponibilidad de efectivo en las entidades bancarias) experimentan también una tendencia creciente en el periodo, con un incremento del 43%, hasta alcanzar 1.238 millones de euros. En el caso de los ayuntamientos, el crecimiento es un 48%.
En cuanto al pasivo financiero, en 2018 descendió un 11% el importe de la deuda viva de las entidades locales, que de forma agregada sumaba 876 millones de euros al cierre del año. De dicho importe corresponde a los ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes el 63% y a las diputaciones el 15%. La evolución del endeudamiento financiero entre los ejercicios 2015 y 2018 muestra una tendencia decreciente en todos los ejercicios, con una disminución global del 30%.
Contratación administrativa. Las entidades locales tienen la obligación de remitir al Consejo de Cuentas la relación anual de los expedientes formalizados o, en su caso, una certificación negativa. Al cierre de 2019, un total de 1.947 entes del sector público local (41% del total) habían remitido la información contractual, habiéndose producido un importante descenso con relación al ejercicio anterior de 34 puntos porcentuales.
La información comunicada refleja la formalización en 2018 de 20.043 contratos por las entidades locales de la comunidad (el 95% de ellos son contratos menores, con un importe de adjudicación de 195 millones de euros. Atendiendo al objeto del contrato, los de mayor peso son los contratos de obras y los de servicios.
Provincia de Burgos. En relación a la estructura de su sector público local, la provincia de Burgos es la que mayor número de municipios tiene dentro de la comunidad autónoma, con un 16,5% del total. Además de la diputación y 371 ayuntamientos, la provincia de Burgos cuenta con 647 entidades locales menores, 43 mancomunidades y 38 entidades dependientes.
Con datos a 31 de diciembre de 2019, en la provincia burgalesa 271 ayuntamientos rindieron la cuenta general del ejercicio 2018, lo que representa el 73% del total de los municipios, con un descenso interanual de 5 puntos porcentuales. En el periodo 2013-2018 tres municipios (Gumiel de Mercado, Ciadoncha y Villamiel de la Sierra, con 310, 78 y 46 habitantes, respectivamente) no han rendido cuentas en ningún ejercicio. Respecto a las entidades locales menores, rindieron la cuenta un total de 433, lo que representa un 67% del total, con una bajada interanual de 4 puntos porcentuales.
Respecto al total de las cuentas rendidas de 2018, en conjunto, el presupuesto agregado de ingresos de las entidades locales de la provincia ascendió a 614 millones de euros y el de gastos a 603 millones. En la liquidación presupuestaria, las entidades locales de Burgos reconocieron obligaciones (gastos) por importe total de 485 millones de euros, lo que en relación a los derechos reconocidos (ingresos), por importe de 491 millones, arroja un resultado agregado de 6 millones de euros.
En cuanto al remanente de tesorería para gastos generales, alcanzó el importe agregado un total de 170 millones de euros. Los fondos líquidos de tesorería suman 206 millones de euros.
Finalmente, el endeudamiento del conjunto de las entidades locales de Burgos al cierre de 2018 se cifraba en 197 millones de euros.