La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones preside una reunión de seguridad para organizar el dispositivo que prevenga incidencias tras la liberalización de la AP-1

Barcones ha presidido una reunión de seguridad a la que han asistido, además del subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, los responsables provinciales del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, la coordinadora regional de la Dirección General de Tráfico, el teniente coronel jefe del Sector de Tráfico de Castilla y León de la Guardia Civil y el jefe de la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento.

Barcones ha indicado que “este Gobierno se comprometió a que las concesiones a autopistas, cuyo plazo acaben en esta legislatura, no serán prorrogadas, ni se volverán a licitar. Por primera vez, un Gobierno ha decidido levantar los peajes al final del plazo de concesión y así sucederá esta noche con la AP-1 de Burgos a Armiñón, un trayecto que, recuerdo, supone entre el peaje de Castañares y el de Armiñón, en Álava, un desembolso de 12’25 euros. Un coste que los entre 25.000 y 30.000 usuarios diarios que tendrá esta vía se ahorrarán desde esta madrugada”.

En esta reunión de seguridad se han analizado las posibles repercusiones en el tráfico rodado de esta liberalización y qué debe hacerse para evitar las posibles incidencias en la circulación.

Analizando los últimos datos oficiales publicados, que son los de 2017, en la AP-1 hay una Intensidad Media Diaria (IMD) de cerca de 20.000 vehículos de los cuales, unos 2.800, el 14 por cierto, son vehículos pesados. Y por la N-1 transitan unos 10.000 vehículos diarios pero algo más de la mitad, el 51%, son camiones.

Estas cifras no son uniformes a lo largo de los 85 kilómetros que se liberalizan. Así, en el tramo Castañares-Rubena, de 13 kilómetros, y en la zona de Pancorbo, en el norte de la provincia, la IMD es de unos 18.000 vehículos de los cuales el 15%, unos 2.700, son vehículos pesados. La variante de Miranda de la AP-1 está libre de peaje y, en este punto, la cifra de vehículos sube hasta los 23.500 diarios con un porcentaje de pesados del 23%, es decir, 5.400.

Según ha indicado la delegada, “aunque es un tramo en el que no se paga peaje, esta última cifra no es una referencia demasiado precisa sobre el tráfico que puede llevar la AP-1 liberalizada, porque la situación y condicionantes de este tramo no son iguales a los del resto del trazado. Somos conscientes de que de Burgos a Pancorbo va a haber, y más en los primeros días como es lógico, un incremento considerable del número de usuarios de la vía”.

La perspectiva con la que se trabaja es que podría haber un incremento del tráfico, al menos inicialmente de más de 7.000 vehículos.

Aparte del dispositivo especial de esta noche con agentes del Subsector de Tráfico (11 patrullas), de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil (una quincena de agentes) y de la Policía Nacional (4 patrullas), se va a reforzar sistemáticamente y desde ahora la vigilancia en aquellos puntos más sensibles que son en los que existen las denominadas “playas de peaje”. Se prestará una atención especial con agentes del subsector de Tráfico de la Guardia Civil en estas zonas. Se controlará especialmente que se respete el límite de velocidad en la zona de peaje, que se ha rebajado a 20 kilómetros por hora.

Se advertirá en los paneles informativos y con mensajes en las propias cabinas de que no deben pararse en los antiguos puntos de peaje. El centro de gestión de la DGT en Castilla y León estará coordinado con el centro de gestión del País Vasco.

Según ha dicho la delegada, “iremos viendo cómo se desarrollan los acontecimientos, cómo evoluciona el volumen de vehículos y si se produce algún tipo de retención en estos puntos para ir adoptando medidas”. La información en los paneles informativos y en las cabinas de peaje se divulgará, además, en varios idiomas, teniendo en cuenta que muchos de los usuarios de la AP-1 y de la N-1 son extranjeros, por el trazado natural de estas vías entre el centro y sur peninsular con la frontera francesa y el resto de la Europa Central.

A preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de una futura restitución del peaje, Barcones ha indicado que “el ministro de Fomento también ha sido muy claro en este aspecto. El Real Decreto Ley que provocó titulares alarmantes en Burgos se refiere a la capacidad de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) de cobrar peajes en las autopistas que gestiona por convenio. Pero la hasta hoy AP-1 va a ser gestionada directamente por la Dirección General de Carreteras. Así que no puede haber ninguna duda sobre este particular”.

Además, ha añadido que “tiene que haber un debate serio sobre la sostenibilidad de la red viaria general y en particular de las vías de alta capacidad, de las autovías y de las autopistas. Debería poder llegarse a un Pacto de Estado que garantice la sostenibilidad de las infraestructuras”.

También se ha preguntado por el desmantelamiento de las cabinas de peaje y de la adecuación de las zonas en las que se ubican. La delegada ha señalado que su desmantelamiento se producirá en los próximos meses “porque está incluido en el expediente de emergencia. Saben que se ha tenido que declarar una emergencia por seis meses con la actual empresa para dar continuidad a la conservación de la vía. Esta emergencia podría prorrogarse si se considera necesario”.

Según ha explicado el responsable de Fomento, finalmente se ha decidido que la demolición se adjudique a una empresa diferente a la que realizará el mantenimiento pero “en un segundo lote distinto al de la gestión de la conservación, aunque también dentro del marco de la emergencia, por lo que la retirada de estas cabinas se realizará en los próximos meses”.

Con respecto a un tercer carril para adaptar la capacidad de la vía al previsible aumento del tráfico, Barcones ha señalado que “estamos completando el anteproyecto de este tercer carril. Este anteproyecto se encuentra en estos momentos en tramitación medioambiental. Y, además, se estudiará la posibilidad de nuevos accesos a la autovía.

“Se han ido dando ya pasos”, ha dicho la delegada. “Recuerdo la reciente autorización del Consejo de Ministros para la celebración de los contratos para la explotación de las áreas de servicio de Quintanapalla, Briviesca y Desfiladero. Por lo tanto, la Dirección General de Carreteras ha iniciado el proceso de licitación”.

El Consejo de Ministros también aprobó el 31 de agosto un acuerdo que autoriza la celebración de un contrato de servicios para la ejecución de las obras de conservación y explotación en esta autopista. Mientras culmina esta tramitación se ha decretado la mencionada emergencia que permite que la empresa que gestionaba actualmente la conservación continúe realizándola.