Analizan la falta de sostenibilidad de la contratación pública
Ya sea porque el indicador a evaluar es en realidad el objetivo a conseguir, o un mandato legal que se da por hecho, o porque no aporte información relevante, la mayoría de los indicadores sociales que incluía una muestra de 121 expedientes de contratación de la Junta de Castilla y León realizados entre 2017 y 2019 no reunía los requisitos necesarios para la rendición de cuentas, es decir, para poder saber si cumplirían con los objetivos, a pesar de que una directiva europea, traspuesta al escenario español a través de la ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017), fomente una contratación responsable con la inclusión, entre otros, de criterios sociales a la hora de adjudicar los contratos.
Con ello se busca potenciar la sostenibilidad en línea con una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 («promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales»).
Así lo ha comprobado una investigación, publicada en 2022 en Spanish Journal of Finance and Accounting, en la que han participado la investigadora del Departamento de Economía y Administración de Empresas de la Universidad de Burgos Rosa Fernández Pérez y la investigadora del Departamento de Economía Agraria, Finanzas y Contabilidad de la Universidad de Córdoba Mercedes Luque Vílchez, quienes son también la codirectora y autora de la tesis en la que se basa el estudio.
Concretamente, la investigación se ha centrado en uno de los tres pilares que sostienen la contabilidad, junto al económico y al medioambiental: el social.
Un pilar que ha recibido menos atención que los otros dos ya que es más difícil de cuantificar al basarse en información cualitativa.
Por ello, las investigadoras bucearon entre las más de 9.300 páginas de los 121 expedientes de contratación más comunes (relativos a obras públicas, servicios y suministros) que formaban la muestra.
En el conjunto de todos esos contratos, las investigadoras identificaron un total de 25 indicadores sociales, pero el análisis de ellos les ha servido para comprobar que sólo el 48 % era de verdad un indicador, y dentro de ellos, solamente 3 eran de verdad sociales.
Esto supone «que hay una escasa rendición de cuentas en la parte social de los contratos», sostiene Luque Vílchez.
Así, la mayoría tenía alguno defecto: o era un mandato legal, o confundían el indicador con el objetivo o no proporcionaban información relevante.
El más común de estos defectos era que los contratos incluían como objetivo a cumplir una obligación legal. Por ejemplo, contratos que demandaban la necesidad de contratar un 2 % de personas con discapacidad.
Este porcentaje está estipulado en la ley de derechos de las personas con discapacidad (RDL 1/2013), es decir, es de obligado cumplimiento con independencia de que el contrato lo exija. Como explica Luque Vílchez, «los objetivos sostenibles o éticos de los contratos son los que van más allá de cumplimientos legales. Concretamente en este estudio se analizan los aspectos sociales que superan lo establecido en las leyes».
A esto se añade el que los indicadores no incluyeran información relevante o que confundieran el objetivo o criterio a alcanzar con el indicador para conseguirlo».
Por ejemplo, un objetivo puede ser promover la igualdad salarial entre hombres y mujeres. «Uno de los indicadores posibles (entre otros muchos) para evaluar si el contrato ha alcanzado el objetivo propuesto podría establecerse en forma de un porcentaje (que la brecha salarial disminuya un tanto por ciento) y, sin embargo, lo que hemos encontrado es que se usaba la misma información para hablar de criterio e indicador», expone Luque Vílchez.
De esta forma, los contratos no permitían rendir cuentas sobre los objetivos sociales que proponían, lo que limita el potencial de la contratación pública como herramienta para garantizar la sostenibilidad social en línea con los ODS.
Para revertirlo, el equipo propone la profesionalización de la contratación pública, tal y como establece la Recomendación (UE) 2017/1805 de la Comisión Europea de 3 de octubre de 2017.
La profesionalización de la contratación supone construir una arquitectura política que defina cualificaciones profesionales, responsabilidades y formación de todo el personal implicado en la contratación pública, así como la dotación de las herramientas y metodologías de apoyo necesarias para la práctica profesional en materia contractual.
La investigación, donde las autoras establecen la contabilidad como elemento mediador en la aplicación de prácticas sostenibles como las propuestas en los ODS, se basa en una comunidad autónoma concreta.
No obstante, el análisis no es generalizable pero se puede extrapolar a otros territorios del país por dos motivos. En primer lugar, el estudio constata las condiciones por las que la comunidad autónoma objeto de estudio es representativa de las tendencias nacionales en materia de contratación pública.
En segundo lugar, el estudio concibe una metodología o marco de análisis basado en tres pilares para la rendición de cuentas de la contratación pública (compra pública como proceso, rendición de cuentas multidimensional y características de la información de los indicadores) que permiten examinar y evaluar si la contabilidad pública desempeña un papel mediador en la implementación de prácticas sostenibles.
La investigación, que obtuvo el premio a la mejor propuesta en el Doctoral Colloquium del XX Encuentro Internacional de la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (Asepuc), es fruto de dos proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación (Grant RTI2018-099920-B-I00) y la Junta de Castilla y León (Grant INVESTUN/19/BU/0001).
