El PP presenta un recurso ante las “irregularidades” en la contratación para implantar las ZBE y denuncia un posible fraude de fondos europeos
El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Burgos ha presentado un recurso de reposición contra la licitación de las obras para implantar las zonas de bajas emisiones (ZBE) aprobado por la Junta de Gobierno local, al entender que contiene “gravísimas irregularidades” impropias en una administración.
Así lo ha señalado su portavoz Carolina Blasco, quien ha recordado que se trata de un proyecto que excede los 3,5 millones de euros, acogido al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.
Blasco ha desvelado que el proyecto adolece de numerosos documentos imprescindibles en este tipo de licitaciones, hasta el punto de que “nunca antes se había dado en el Ayuntamiento de Burgos una situación de estas características” ante un proyecto de tal envergadura, algo que ha achacado a la “falta de control” que se ha garantizado el alcalde, Daniel de la Rosa, a lo largo de esta legislatura.
En primer lugar, tal y como ha indicado Carolina Blasco, el proyecto no posee los planos detallados necesarios para conocer qué se quiere hacer, dónde y cómo se pretenden materializar las actuaciones.
Un requisito previo que se une a que se obvia el cuadro de precios, incluida la obligación legal de un desglose para saber qué materiales se van a emplear, qué maquinaria será necesaria y qué mano de obra se requiere en cada unidad de obra, lo que es esencial para el posterior control de calidad de las intervenciones.
Esta falta de información impide por ejemplo, según ha explicado la edil popular, que las empresas puedan presentar ofertas, ya que no saben qué es lo que se pretende hacer, ni de cómo se quiere ejecutar.
En cuarto lugar, el documento carece del obligatorio estudio de seguridad y salud, poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores, y, por si esto fuera poco, no dispone de un estudio para la gestión de residuos, también de carácter obligatorio.
Ambas cuestiones son determinantes para la imposibilidad de presentar un recurso especial de contratación, lo que ha despertado las sospechas de los populares ante esta cuestión, que es el instrumento que suelen utilizar las empresas para recurrir este tipo de licitaciones.
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular ha registrado un recurso de reposición con el que se pretende declarar la nulidad del procedimiento de contratación de las ZBE y que las “irregularidades” anteriormente citadas sean tenidas en cuenta como denuncia ante el más que posible incumplimiento del Plan de Prevención, Detección, Corrección y Persecución del Fraude en la aplicación de los fondos europeos.
Y es que, tal y como ha relatado Blasco, la licitación aprobada por la Junta de Gobierno obliga a activar al menos tres “alertas rojas” de este plan antifraude, por lo que en el recurso de reposición se incluye la solicitud de convocatoria extraordinaria de la Comisión Antifraude.
De cualquier modo, ha lamentado que sea la oposición la que tenga que advertir de estas “gravísimas irregularidades” mientras “los miembros de la Junta de Gobierno local están a otras cosas”.
