De la Rosa tendrá que aclarar si está con la Constitución o los indultos por la puerta de atrás
El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, tendrá este viernes la oportunidad de aclarar si está del lado de la Constitución y la legalidad vigente o si apoya los indultos por la puerta de atrás que plantea el Gobierno central.
Una cuestión sencilla y que solo debiera tener una respuesta posible para un cargo público, a juicio de los populares, que elevarán una proposición al Pleno exigiendo el máximo respeto a la Constitución Española y el compromiso a acatarla y respetarla en todo su articulado.
Una proposición que viene motivada por los subterfugios que pretenden el PSOE y Unidas Podemos para favorecer a quienes ya han dejado claro que no respetan el orden constitucional.
Para el Grupo Municipal Popular, este hecho es de suma gravedad, máxime cuando se utiliza en unas negociaciones como las de los Presupuestos Generales del Estado, sin importar ni medir las consecuencias.
Desde las filas del PP insisten, además, en el respeto a los pronunciamientos judiciales y advierten que “las leyes de España no pueden redactarse en la sede de un partido político, ni por conveniencia de Pedro Sánchez”.
Así pues, entienden que nos encontramos ante el momento idóneo para que Daniel de la Rosa y sus concejales dejen clara su postura, también si ésta es la de “puro servilismo a Sánchez, aunque con ello, una vez más, se contravenga el interés general”.
También recuerdan que la Carta Magna se fundamenta en la unidad nacional, reconociendo el derecho a la autonomía de las nacionalidades y las regiones que la integran, a partir de un principio de solidaridad, tal y como recoge en su Artículo 2:
“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indisoluble de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad de todas ellas”.
Por eso, presentarán una proposición que inste al Gobierno a retirar de manera inmediata la iniciativa parlamentaria presentada y no llevar a cabo ninguna modificación del Código Penal que suponga derogar el delito de sedición.
En consonancia a esto, que se garantice el cumplimiento y respeto de la Constitución, que fue aprobada de forma mayoritaria y en la que “no tienen cabida la sedición, ni los referéndums ilegales”.
