Si el PP gobierna, Blasco se compromete a paralizar las obras de las Zonas de Bajas Emisiones para dar la oportunidad de opinar a los burgaleses

La portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Burgos, Carolina Blasco, se ha comprometido este jueves a paralizar las obras de implantación de las Zonas de Bajas Emisiones, en caso de que gobierne el PP, con el objetivo de dar voz a los burgaleses a través de una ordenanza.

Blasco ha destacado la importancia de poner fin a la “restricción de libertades” que quiere materializar el bipartito del PSOE y Cs, a través de un contrato “plagado de irregularidades” y basado en restricciones.

Frente a esto, y tras evidenciar que el alcalde, Daniel de la Rosa, también llega tarde a este proyecto, ha abogado por instaurar bonificaciones para incentivar un transporte urbano más sostenible y eficiente.

Carolina Blasco ha realizado estas declaraciones después de conocer que el asesor jurídico municipal ha solicitado al en vía judicial que el Grupo Municipal Popular ingrese una fianza de 3,5 millones de euros, en caso de que se acepten las medidas cautelares requeridas por la formación.

Unas medidas cautelares, ha explicado Blasco, que piden la paralización del contrato de las Zonas de Bajas Emisiones, al entender que adolece de documentación básica en un procedimiento de estas características, como un plan de calidad del aire, estudios técnicos y una ordenanza que permita a los burgaleses acerca de los cambios que se pretenden materializar.

Blasco ha recordado que el bipartito ha adjudicado un contrato millonario, vinculado a fondos europeos, “repleto de ilegalidades” y que prevé la dotación de unos equipamientos que no se utilizarán en ningún momento, tal y como ha reconocido el propio alcalde.

Además, ha subrayado que toda su tramitación ha estado marcada por el “oscurantismo”, como demuestra el hecho de que el inicio de la aprobación del expediente y la aprobación del proyecto se llevasen a cabo en la Junta de Gobierno local del 7 de abril, fuera del orden del día y sin explicación alguna a los grupos municipales.

Por si todo esto fuera poco, ha recordado que se impidió acudir al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castila y León (TARCYL) y que no se respondió al recurso de reposición interpuesto.

Carolina Blasco lo tiene claro y el informe del asesor jurídico municipal, al que se ha dirigido para advertirle que debe representar a toda la corporación y no solo a los intereses del regidor socialista, no es más que un “subterfugio” de Daniel de la Rosa, que demuestra la preocupación que el bipartito tiene en torno a este contrato.

En otro orden de cosas, la portavoz municipal del Partido Popular ha presentado las propuestas que la formación trasladó en materia de mercados de abastos en la última Comisión de Desarrollo Económico.

En relación al Mercado G9, Blasco ha explicado que se interpeló al equipo de Gobierno acerca del aparcamiento subterráneo construido bajo la nueva dotación, que cuenta con un total de 21 plazas.

Tras recordar que en la avenida Derechos Humanos se pretenden habilitar 26 estacionamientos con una actuación polémica que pretendía convertir esta vía en una “gigantesca cochera”, ha calificado de “esenciales” las plazas del G9 y ha urgido a su puesta en marcha de inmediato.

Por otro lado, y en alusión al Mercado Norte, ha planteado la creación de un reglamento para el mercado provisional que se comenzará a construir a mediados de diciembre en la plaza de España, que prevea no solo el uso en esta instalación, sino también en los periodos de transición entre el actual y nuevo mercado de abastos.

De igual modo, ha exigido que se aclare la tasa que deberán pagar los comerciantes y el mix comercial de la futura instalación, así como que se dote de garantías a los empresarios que quieran instalar sus negocios en el nuevo mercado.

“La ciudad debe coger impulso y salir de la parálisis actual, a la que la ha sometido Daniel de la Rosa”, ha concluido Blasco.