El juez paraliza las Zonas de Bajas Emisiones por interés general gracias al Grupo Municipal Popular
La portavoz del Grupo Municipal Popular, Carolina Blasco, ha puesto de manifiesto este jueves una serie de graves irregularidades en la gestión que el bipartito está realizando al frente del Ayuntamiento de Burgos. “Las ilegalidades, las irregularidades y la falta de respeto a los ciudadanos son la marca de la casa y la forma de hacer de Daniel de la Rosa” ha denunciado la portavoz popular.
La Junta de Gobierno Local de esta mañana es ejemplo de una de ellas: la falta de un trámite esencial en la contratación del espectáculo de gran formato desarrollado en la fachada del Ayuntamiento durante la Noche Blanca, irregularidad calificada como infracción muy grave en ley que obliga a que este órgano convalide la fiscalización de este expediente que obvió el bipartito y que hoy le impide pagar la factura a la empresa francesa contratada ilegalmente. Este contrato irregular fue denunciado en su día por el Grupo Municipal Popular, y ahora se confirma.
Esta nueva irregularidad se suma a muchas otras ya puestas de manifiesto en los distintos recursos presentados por el PP y estimados en los últimos seis meses, que afectan a más de doce contratos municipales, como el de asfaltado, obras en distritos, contenedores soterrados, fuegos artificiales o los conciertos de San Pedro, entre otros.
“He asumido como objetivo propio la lucha contra esta situación, la defensa del interés público, del dinero público, frente a un bipartito envalentonado por su mayoría absoluta que no respeta ni a las leyes ni a los burgaleses, a quienes sí que se exige el cumplimiento de la norma” ha señalado Blasco.
Pero sin duda, el mayor varapalo judicial a la gestión del bipartito se ha producido en el día de hoy con la suspensión del contrato de la Zona de Bajas Emisiones, al estimar el juez la medida cautelar solicitada por el Grupo Municipal Popular. Este contrato de más de tres millones y medio de euros queda en suspenso, al entender que el bipartito ha vulnerado el Estado de Derecho al tratar de imponer, sin tramitar la preceptiva Ordenanza, las Zonas de Bajas Emisiones en la ciudad de Burgos.
“Esto es una falta de respeto a todos los burgaleses que tienen todo el derecho de participar en la Ordenanza y alegar lo que consideren ante la aplicación de medidas restrictivas” ha señalado Blasco.
El Grupo Municipal Popular lleva más de siete meses exigiendo al equipo de Gobierno que reconduzca la situación con respecto a las Zonas de Bajas Emisiones, sin éxito.
Tras la petición de un Pleno extraordinario en el que no se dio ni una sola explicación y un recurso de reposición desestimado por la Junta de Gobierno Local dando carpetazo al asunto y emplazando a ir a los Tribunales, hoy el juez da la razón al Grupo Municipal Popular al estimar que, sin Ordenanza, no puede haber Zonas de Bajas Emisiones.
“La suspensión cautelar del contrato de las Zonas de Bajas Emisiones confirma que han fallado todos los controles al tratar de disfrazar procedimientos irregulares con apariencia de buen derecho”, ha señalado Blasco.
El auto estima que “existe así una apariencia de buen derecho en el recurrente en la medida en que pone de manifiesto que por vía de ejecución del contrato cuya licitación nos ocupa se está anticipando contenido que solo puede quedar previamente definido en una Ordenanza municipal, instrumento aún no aprobado”.
La defensa del interés general pasa porque un contrato de esta envergadura sea revestido de las necesarias garantías legales para su correcto desenvolvimiento, cómo así ha estimado el juez.
“Daniel de la Rosa, sabedor de todas estas circunstancias no ha querido escuchar a la oposición y ha seguido adelante con una situación de flagrante de irregularidad y de incumplimiento de la norma impropia de un responsable político” ha concluido Blasco, no sin afirmar que espera que el regidor municipal adopte hoy mismo medidas para poner fin a esta situación que ha vuelto a calificar de pelotazo tecnológico, y que de no reconducirse acabará saliendo cara a los burgaleses.
Los populares han recordado que, si en marzo se les hubiera escuchado en vez de despreciarlos, hoy las Zonas de Bajas Emisiones podrían ser una realidad.
