La Junta exige al Gobierno compromiso con Castilla y León en la Sectorial de Vivienda, el traspaso pendiente de fondos europeos
Antes de entrar en la Conferencia, el consejero anunció que Castilla y León iba a reclamar la entrega inmediata de los 37 millones de fondos europeos que le corresponden, dado que ha complido con los objetivos establecidos en el hito del 31 de diciembre de 2023, al haber superado con mucho el 25 % de resolución ayudas a la rehabilitación. Ello sin oponerse a la prórroga del plazo a favor de las comunidades que no han podido cumplir con el hito.
También manifestó que su interés por conocer los planes del Gobierno en torno a las viviendas de la SAREB, ya que la Junta “no ha visto absolutamente nada» y quiere conocer cómo se van a poner a disposición de las autonomías «esas viviendas de las que no se ha tenido noticia alguna”.
En este primer encuentro con la nueva ministra, el consejero ha planteado otros temas de relevancia para la Comunidad, como el bono de alquiler joven, puesto en marcha por el Gobierno y “del que nos trasladaron la gestión sin dinero suficiente, lo que dejó a tres de cada cuatro jóvenes sin la ayuda”.
Suárez Quiñones ha pedido al Ministerio que tenga “el mismo compromiso con los jóvenes que tiene la Junta con ellos» dado que las ayudas propias convocadas por Castilla y León para alquiler de vivienda, con una importante aportación de fondos propios de la Comunidad, han llegado a todos los jóvenes «y también a los no jóvenes» que cumplen y justifican los requisitos. »
En esta Comunidad ya financiamos nuestras ayudas al alquiler con un importante esfuerzo presupuestario propio y al Gobierno central le corresponde dotar aquellas que organizan”, ha indicado.
Otro de los asuntos que ha tratado el consejero son las ayudas para la eficiencia energética. «Hemos cerrado el 30 de diciembre de 2023 la convocatoria con fondos europeos y no hay un plazo de nuevos fondos por parte del Gobierno hasta el horizonte de un nuevo Plan de Vivienda en el entorno del año 2026; y por lo tanto hay un periodo de tiempo relevante sin soporte para esas ayudas”.
Asignación de fondos europeos
En la Conferencia, finalmente, se ha acordado la asignación a Castilla y León de 37,78 millones de fondos europeos para estos programas de vivienda de la anualidad 2022, a los que se sumarán otros 23,41 de la anualidad 2023 que aún no ha sido objeto de reparto. Cuando se transfieran estos últimos, el total de fondos europeos para Castilla y León en materia de vivienda ascenderá a 216 millones de euros.
El consejero puso de manifiesto que la Conferencia Sectorial debió celebrarse hace muchos meses, tal y como ha venido solicitando la Junta de Castilla y León, pues repercute negativamente en los ciudadanos dado que, de haberse recibido esa transferencia de fondos de Europa a tiempo, se habría podido prorrogar el plazo de solicitudes de ayudas que terminó el 30 de diciembre de 2023.
«Un retraso que ha impedido ser eficientes en lo importante en materia de fondos europeos y es que lleguen a los ciudadanos», ha agregado.
El consejero planteó a la ministra cuáles van a ser los pasos a seguir en esta nueva etapa en distintas materias de su competencia en materias como el bono de alquiler joven; las ayudas a la rehabilitación energética en el sentido anunciado antes de entrar en la sesión, o la línea de avales para la adquisición de vivienda anunciada por el Gobierno.
Suárez Quiñones se felicitó porque el Ministerio reproduzca algunas medidas puestas en marcha por la Junta de Castilla y León, pero exigió coordinación para dar una respuesta adecuada al ciudadano.
La parte final de su intervención se centró en la reforma de la Ley del Suelo y las críticas a la Ley de Vivienda Estatal, especialmente a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dificulta y retrasa que el propietario o poseedor legítimo pueda recuperar la posesión de la vivienda ante una ocupación ilegal, según argumentó.
Por último, el consejero solicitó a la ministra que en la nueva etapa se aparque la unilateralidad que ha guiado la política de vivienda y se abra paso el consenso y coordinación con las autonomías; “no tenga miedo al consenso con las comunidades», le dijo a la ministra, que son las administraciones competentes en la materia; «ello redundará en una mejor respuesta a la ciudadanía en las políticas en la materia».
